18 / Marzo / 2019
#SocialesConstruye #DiálogoConOrganizaciones
El pasado jueves 14 se realizó la presentación del primer informe socio-territorial de comunidades campesinas indígenas “Ansenuza: entre parque nacional o área campesina”. Producto del trabajo conjunto entre el Programa "Ruralidades: Derechos Campesinos Indígenas" de la Secretaría de Extensión de la FCS y el Movimiento Campesino Córdoba, el informe recoge el relevamiento realizado durante el período 2016-2018, y tiene por objetivo desarrollar las bases para el reconocimiento legislativo de los usos y necesidades de conservación del territorio en la Costa del Río Dulce y Mar Chiquita, así como zonas de influencia que forman parte del Humedal Bañados del Río Dulce, al noreste de la Provincia de Córdoba.
La presentación se realizó a través de un panel en el cual estuvieron presentes la Decana de la FCS, María Inés Peralta; la Coordinadora del Programa Ruralidades, Mariana Gamboa; y Zulema Angulo y Victoria Gauna, representando al Movimiento Campesino de Córdoba.
La Decana resaltó que el informe se enmarca en una política de la Facultad de Ciencias Sociales que reconoce la importancia de la producción de conocimientos por parte de la universidad pública junto a organizaciones sociales, en torno a sus derechos vulnerados, sus necesidades y sus demandas; y con el objetivo de generar acciones de incidencia pública. Esta combinación de producción de conocimiento, derechos vulnerados e incidencia pública tiene una larga trayectoria en la Facultad y en sus unidades académicas con las que se conformó, la Escuela de Trabajo Social, el Centro de Estudios Avanzados (CEA) y el Instituto de Investigación y Formación en AdministraciónPública (IIFAP), y es parte de la política institucional fortalecer esta conjunción.
Peralta destacó que hay una enorme diversidad de acciones que se orientan a la incidencia pública, que implican que haya alianzas políticas y estratégicas entre instituciones y organizaciones en pos de orientar las decisiones políticas hacia un proyecto de país inclusivo y que amplíe los derechos. En palabras de la Decana: "Para la facultad, la presentación de este informe es una primera experiencia de una iniciativa que vamos a desarrollar este año: fortalecer la llegada de esta producción de información compartida entre la universidad pública y las organizaciones sociales a los decisores políticos".
Mariana Gamboa detalló que el relevamiento realizado tuvo una cobertura territorial de 80 mil hectáreas aproximadamente, y se conformó una muestra que relevó a 369 personas, 119 unidades productivas distribuidas en 19 parajes y 6 campos de uso comunitario y ancestral. A partir del mismo, se observa que la trashumancia y el uso común de los campos, como una lógica tradicional de manejo de la tierra, sostiene la economía local de modo eficiente y es ambientalmente sustentable. La producción y la cultura desarrollada en esta zona a través de la trashumancia, posibilitan la reproducción campesina sin afectar la biodiversidad significando un aporte productivo fundamental en materia de ganadería para el abastecimiento de la zona y de muchos hogares de Córdoba. Ante esto, se destaca la urgencia de preservar este modo de vida y esta forma de producción que impacta directamente el bienestar de las familias campesinas, al hacer de la unidad familiar una fuente de riquezas e ingresos cuya meta no es la acumulación compulsiva y destructiva, sino la sintonía habitacional, productiva y cultural con el ambiente.
Victoria Gauna remarcó que desde el Movimiento Campesino Córdoba se viene discutiendo colectivamente desde hace tiempo el hacer reconocer el uso y tenencia de la tierra, de alguna manera allí donde la legislación no está pudiendo contener la situación. Detalló que el relevamiento territorial campesino está conformado por una encuesta, un estudio de títulos, estudios ambientales y antropológicos, y que abarcó un total de 80 mil hectáreas.
El movimiento campesino ha desarrollado la propuesta de creación de una Área Campesina con reconocimiento estatal. Ésta se define como un espacio geográfico de protección de los derechos humanos de campesinas/os, así como de la biodiversidad en todas sus dimensiones: biológica, social, económica y cultural. En este territorio se respeta el uso tradicional de la tierra, pudiendo coexistir usos colectivos o familiares, pero la regulación en el uso, control y gestión de los bienes naturales siempre es colectiva. La hipótesis de la creación de un área campesina y la necesidad de protección de territorios de alta fragilidad ecológica, hacen necesario la cogestión con el estado, quien deberá realizar políticas activas para su reconocimiento, promoción y protección. Ambos, Vida Campesina y Biodiversidad son inseparables a la hora de definir estrategias y formas de uso de los bienes naturales por parte del Estado.
A partir de los datos recabados, se considera que la característica fundamental que debe tener la propuesta de Área Campesina debe ser su manejo participativo. Entendida como una alianza establecida de común acuerdo entre los/as interesados/as de un territorio, que conlleva al mismo tiempo la construcción de un conjunto de recursos (administrativos, legales, y económicos) bajo el estado de protección, para compartir entre ellos las funciones de manejo, derechos y responsabilidades. Así, se reconocen cinco ejes fundamentales que deben ser tenidos en cuenta por todos/as los actores al momento de pensar la estrategia de manejo de la zona:
1- Participación plena de las poblaciones campesinas-indígenas en la planificación, decisión e implementación de las estrategias de manejo y usos en el territorio.
2- Reconocimiento estatal de una figura de Área Campesina, que contemple la biodiversidad y los modos de habitar el territorio de las comunidades ancestrales de esta eco-región de alto valor ambiental para la provincia.
3- Co-gestionar políticas públicas que hagan efectivos los derechos sociales, económicos, culturales desde una perspectiva integral campesino indígena que impacten en la calidad de vida de las comunidades.
4- Reconocimiento y protección de la figura de trashumancia y usos comunitarios de la tierra como modos tradicionales y ancestrales de habitar el territorio en concordancia con el medio ambiente.
5- Compromiso de la universidad en la conformación de equipos técnicos interdisciplinarios que acompañen el proceso de las comunidades potenciando las articulaciones de los actores avanzando en la co-construcción de planes estratégicos de esta eco-región.
Como universidad pública y como Facultad de Ciencias Sociales se cree necesario brindar herramientas e información científica de las problemáticas sociales, para que la construcción de políticas públicas estén ligadas a las necesidades de las comunidades campesinas y sus territorios; asumiendo la obligación de comprometer al Estado en la efectivización y reconocimiento de los derechos vulnerados en relación a la tenencia, modos de producción trashumante y permanencia de las formas de trabajo de los sujetos/as.
